sábado, 14 de abril de 2012



1º Análisis de coyuntura
04 de abril de 2012



La apuesta por el desarrollismo industrial

El proteccionismo del gobierno se profundizó fuertemente a partir de los últimos meses, aunque es creciente desde que estalló la crisis internacional en septiembre de 2008. Su objetivo es el desarrollo de los sectores industriales locales mediante la sustitución de importaciones (fabricar en el país lo que antes se traía de afuera). Estas crecieron a una tasa anual del 30% en 2011, pasando de56.502 a 73.922 millones de dólares, achicando fuertemente el superávit comercial (la diferencia entre lo que Argentina compra y vende) a lo cual  se debe agregar que la balanza comercial industrial dio 30.000 millones de déficit el año pasado. Nuestra economía sigue estando fuertemente primarizada y debemos seguir comprando afuera bienes industriales, especialmente intermedios y de capital (maquinaria).

Gran parte de nuestras manufacturas de origen industrial que exportamos están controladas por empresas multinacionales, como la automotriz. Por lo cual, si bien se creció mucho en estos últimos años en la exportación de bienes industriales, gran parte de ese crecimiento es dirigido por empresas extranjeras. Por ejemplo, en el caso de la industria automotriz, sólo el 23% de las autopartes se produce localmente, en su mayoría por multinacionales.

La estructura económica del país sigue estando fuertemente extranjerizada y concentrada. Según un estudio de CIFRA, en 2009 el 55,4% de las ventas totales de las 200 empresas de mayor tamaño del país, fueron de empresas extranjeras. De las 500 principales empresas del país, 282 son de capital extranjero, 42 son asociaciones en donde el capital extranjero posee entre el 10% y el 50% de las acciones, mientras que 176 son de propiedad nacional en donde el capital extranjero posee menos del 10% de las acciones. El proceso de extranjerización y concentración económica no se revirtió desde la década anterior sino que quedó estancado a partir de 2003.

Este cuadro alarmante refleja a una economía dependiente y semi-colonial. El flujo de ganancias enviadas al exterior pasó de representar US$ 633 millones en 2003 a US$ 7.159 millones en 2010.

De esto se desprende: 1) el desbalance que genera la remisión de ganancias al exterior por parte de las empresas multinacionales y transnacionales, 2) las limitaciones para reinvertir la riqueza generada por los trabajadores argentinos al estar controlada por intereses foráneos, 3) la limitación objetiva para profundizar un proyecto nacional y popular soberano. De no resolverse de fondo esta cuestión, la profundización del proyecto corre el riesgo de quedar en mera retórica.

En este contexto, el gobierno dispuso de un conjunto de medidas a través de trabas arancelarias a productos importados que se pueden fabricar en el país, obligando a las empresas que importan productos, enviando dólares al exterior, a que exporten cualquier otra cosa, para equilibrar su balanza comercial. Es decir que si una marca extranjera quiere traer motosierras desde Japón por 200 millones de dólares, tiene que, por ejemplo, vender afuera vinos mendocinos por 200 millones de dólares o lo que puedan. A ello se le agrega que a unos cien productos se les va a aumentar el arancel externo común del MERCOSUR, con el objetivo de evitar la avalancha de mercancías del exterior a precios de remate por la crisis y la acumulación de stock. Con este conjunto de medidas el Estado pasó a administrar y regular el comercio exterior.

El dólar más “barato” hizo menos competitiva la producción local con respecto a la del exterior. Sumado a un fuerte crecimiento económico y cierta recuperación del poder adquisitivo del salario, se disparó la entrada de productos importados, mermando el superávit comercial. Además, con la estructura económica concentrada y extranjerizada, la remisión de utilidades al exterior se aceleró, en un contexto de crisis internacional en el que las casas matrices demandan dinero a sus filiales. Los Bancos que en el 2001 no respondieron por los ahorros de los argentinos, hoy le exigen a sus filiales en nuestro país, que le envíen dólares. Este fue uno de los factores que aumentó la fuga de capitales, mermando las divisas (dólares) disponibles.

De Mendiguren, que representa a un sector de los industriales que dependen de un mercado interno fuerte que necesita trabajadores con poder adquisitivo, defendió la política proteccionista: Las industrias de bienes de capital alemana o japonesa, por ejemplo, importan un gran caudal de partes y piezas desde Asia o Europa Oriental. Pero reservan para sí la producción de motores, tecnología digital y el diseño del producto. Todas ellas cuestiones emparentadas con el conocimiento e ingeniería de proceso: investigación y desarrollo más empleo calificado. Esto es resultado de una clara definición estratégica para delinear el proceso de agregación de valor.”

Para los trabajadores esta política es un avance con respecto a la que se encuentra en la vereda de enfrente, el proyecto financiero primario exportador que generaliza la pobreza, el desempleo y la exclusión y no genera valor agregado. Sin embargo, presenta algunos problemas. Un país que produce bienes con mayor valor agregado, genera riqueza; pero esta tiene que ser en función de la dignidad de los trabajadores y no de la mayor rentabilidad empresaria. ¿Acaso es factible que el proyecto nacional descanse sobre este empresariado local que no constituye una burguesía nacional y que depende de los subsidios del Estado? Es importante destacar que si no recuperamos y desarrollamos plenamente las industrias estratégicas es imposible sortear el cuello de botella de la dependencia. Mientras las multinacionales y transnacionales controlen la producción (como en la industria automotriz o la exploración y destilación en el petróleo) el Estado no podrá subordinarlas a un modelo de país en función de los intereses de los argentinos.

Resulta imposible hacer todo esto sin sentar a la mesa al Movimiento Obrero Organizado. En principio, porque la política proteccionista trae un conjunto de costos para los bolsillos de los trabajadores como el aumento de precios. Si no se tienen en cuenta a los trabajadores organizados a la hora de definir las políticas económicas es imposible que las contradicciones al interior del movimiento nacional no se expresen en antagonismo. No se puede imponerles a los trabajadores un plan por la fuerza, porque son la única fuerza para llevar adelante un proyecto de transformación social, industrializador, con plena justicia social.



Un paso hacia la recuperación del sistema financiero

La modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) es otro de los hechos centrales a analizar como parte de la profundización del modelo. Se rompe con uno de los principales diseños financieros de los ’90, ideado por Domingo Cavallo. La nueva Carta Orgánica del BCRA elaborada por Mercedes Marcó del Pont, define que dicha institución “Tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el Gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.” Antes, su tarea quedaba restringida solamente al sostenimiento del valor de la moneda y el control de la inflación.

La creación de un Banco Central independiente y autónomo de las políticas de gobierno, controlado por los pulpos financieros internacionales a través de sus cuadros (Martín Redrado, Prat Gay) y formados en sus universidades (Harvard), es una de las formas institucionales claves que adquiere el imperialismo para apropiarse de la riqueza producida por los pueblos. El neoliberalismo se sostuvo en gran medida sobre dos instrumentos jurídicos: la Ley de Entidades Financieras sancionada en la dictadura neoliberal del ’76 y la Carta Orgánica del Banco Central creada en los ’90 bajo el menemismo, mediante la cual se planteó como objetivo del Banco Central solamente el sostenimiento del valor de la moneda quitando a la entidad el compromiso con el empleo, el desarrollo nacional y el crecimiento económico.

Cuáles son los cambios centrales para cumplir con los nuevos objetivos del BCRA:

1- Regular el sistema financiero y no sólo “vigilarlo” como sucedía hasta ahora. No por casualidad desde 1976 desaparecieron los créditos hipotecarios masivos, los créditos para la producción, se dispararon las tasas de interés, se focalizó el crédito al consumo, de corto plazo y a tasas de interés muy caras. Las tasas que se cobran con las tarjetas de crédito por ser muy rentables, hacen que los bancos no estén dispuestos a financiar créditos hipotecarios.

2- Regular la tasa de interés, regular y orientar el crédito.

3- Se amplía en 10 puntos porcentuales el límite de préstamos del BCRA al Tesoro (Estado Nacional) de forma excepcional y a ser devueltos en 18 meses. Esto permite financiar coyunturalmente el déficit del Estado sin tener que tomar deuda.

4- Se rompe con el esquema de la convertibilidad que definía que por cada peso circulando debía haber la misma cantidad de reservas. Ahora la cantidad de reservas necesarias para respaldar el circulante está determinada por el directorio del BCRA, con lo cual las reservas “sobrantes” pueden ser utilizadas en función de objetivos y políticas nacionales. Resulta interesante señalar que mientras por nuestras reservas depositadas en el exterior nos pagan un monto mínimo de interés del 1% ó 2%, ayudando a financiar a los países centrales, si nosotros como país queremos endeudarnos con el exterior (por ejemplo para pagar los vencimientos de nuestra deuda) nos cobran más del 10%. Ello explica en buena medida la resistencia a las modificaciones que permiten hacer uso de las reservas en función de las necesidades del país y no en función de los grandes intereses financieros.

Es importante destacar, desde el punto de vista de los trabajadores, que estas medidas son muy positivas pero que es necesario profundizar mucho más en las políticas que permitan que el ahorro de los argentinos beneficie a las mayorías populares. En este sentido, es necesario avanzar en una nueva Ley de Entidades Financieras, a la cual se oponen los bancos aliados al gobierno (Jorge Brito del Banco Macro y presidente de ADEBA). La sanción de la nueva Carta Orgánica y el aplazamiento de la discusión sobre la Ley de Entidades Financieras es una salida negociada con estos sectores. La Bancaria, el sindicato que representa a los trabajadores bancarios, viene advirtiendo hace rato la necesidad de reformar la Ley de Entidades Financieras. Ese sector que tiene mayores ganancias que las que tenía en los 90, sigue sin tributar en muchas de sus operaciones, mientras que muchos trabajadores no reciben asignaciones familiares, y los aportes patronales empresarios conservan las ventajas que les fueron otorgadas por la dictadura, Menem y De la Rúa.

Para decirlo de forma sencilla, una cosa es regular la tasa de interés y orientar el crédito como se sanciona en la nueva Carta Orgánica y otra es definir que un determinado porcentaje del ahorro de los argentinos vaya a créditos para la vivienda a una tasa de interés establecida por el Estado, en función de solucionar el déficit habitacional. Es decir, reconstruir el sistema financiero destruido con el golpe neoliberal de 1976 y que ponía a este en función de los intereses de los argentinos


  
¿Redefinición de la política energética?

El quite de las concesiones de pozos petroleros en Chubut, Santa Cruz, Salta, Mendoza y Neuquén forman parte de la negociación con Repsol-YPF, enmarcada en una deliberada presión del Gobierno sobre las empresas. El lunes 26 salía en los diarios: “Las nueve concesiones que perdió YPF hasta ahora representan apenas el 3,93 por ciento de su producción nacional de crudo y gas, y llega al 7 por ciento si se contabiliza sólo el crudo. Al analizar las quitas por provincia, se observa que los únicos contratos relevantes son los que anuló Chubut. Los yacimientos El Trébol-Escalante y Campamento Central-Cañadón Perdido representa el 3,8 por ciento de la producción de YPF. Mientras que las quitas de Mendoza son del 0,06 y las de Santa Cruz, del 0,07 por ciento”.

A su vez, dicho enfrentamiento pone de manifiesto el fracaso de la política energética llevada adelante hasta ahora y la necesidad de profundizar una política nacional de control de los recursos nacionales en dicha materia. Los beneficios obtenidos por Repsol de YPF Argentina son utilizados para expandirse en otros lugares del mundo, como en el norte de África, mientras aquí el proceso de desinversión es evidente. Dos datos centrales evidencian esto: la caída de las reservas y la caída en la producción. En diez años de fuerte crecimiento económico Repsol-YPF redujo entre un 30% y 35% su producción de crudo y más del 40% la producción de gas.

Repsol compró YPF en 1999 con la estructura industrial del país en decadencia, con lo cual la demanda energética era débil y sin perspectiva de crecimiento. El combustible que se sacaba de nuestro suelo no era visto como una herramienta para desarrollar nuestra riqueza, sino como un producto más de exportación que se vendía sin sumarle ningún tipo de valor agregado. Uno de los pilares del proyecto neoliberal era la exportación de energía, que en el caso de YPF representaba un negocio inmejorable ya que las grandes inversiones en exploración, reservas y desarrollo las había hecho el Estado. No importa producir petróleo sino obtener ganancias, así sea exprimiendo y destruyendo una empresa estratégica para el desarrollo de un país.

Repsol-YPF no cambió de política en estos últimos años aunque nuestro país sí. Mientras la economía argentina creció un 96% (PBI) entre 2002 y 2011, Repsol pasó a producir un tercio menos. Durante 2011 se tuvo que comprar energía al exterior por 9000 millones de dólares, mermando fuertemente el superávit comercial. Con las ganancias obtenidas en Argentina, Repsol se expandió en otros lugares no “regulados” y sin control de precios, o directamente las absorbió como ganancias. El control de precios, las presiones del Estado y las importantes retenciones que se le cobran a la exportación de petróleo crudo sirvieron en su momento para regular la actividad, mantener bajo el precio de la energía y redistribuir socialmente la renta extraordinaria del petróleo. Pero hoy se sienten los límites de no poseer una política energética propia.

La política del gobierno de introducir grupos empresarios nacionales (Eskenazi) al control de una parte accionaria de YPF (25,46%) y a su gerenciamiento local tampoco generó los resultados esperados. Los Eskenazi entraron a la compañía sin poner un peso; acordaron pagar el paquete accionario del 25,46% a Repsol mediante las ganancias futuras obtenidas, con la consecuencia lógica que los beneficios no serían reinvertidos para mejorar la producción (o aunque sea mantenerla). La “argentinización” en áreas estratégicas de la economía no provee una solución de fondo. Esto demuestra que en un país dependiente, el único actor que puede actuar como “burguesía” estratégica nacional es el propio Estado.

Desde la perspectiva del proyecto nacional y en la situación energética actual se observa la necesidad de que el Estado profundice su política de seguridad energética, ya que sin soberanía energética no existe posibilidad de desarrollo autónomo con justicia social. Es una necesidad que el Estado nacional y los estados provinciales accedan a un efectivo control de nuestros recursos naturales y de las empresas que los explotan, en función del interés nacional. De la misma forma que con los reclamos que surgen respecto de la actividad minera, se trata de que el Estado genere una política para y por los argentinos de crecimiento, desarrollo y justicia social. Por eso es necesario poner ciertos reparos: se deben mantener las condiciones de trabajo para que los trabajadores petroleros no paguen los costos o se vean perjudicados. Hace un tiempo en el conflicto protagonizado por el Sindicato de Camioneros en la provincia de Chubut, el Estado intentó a través del Correo Argentino precarizar las condiciones de trabajo del servicio de correo que se le tercerizaba a una empresa multinacional. En segundo lugar, debemos plantear la necesidad de la participación de los trabajadores en el control y en las decisiones de la compañía, que por su historia e involucramiento con los destinos del país pueden cumplir un rol esencial para evitar desmanejos y “zafarranchos”, así como también para trazar los objetivos estratégicos de la política energética para la realización nacional. Es en ese sentido que el Sindicato de Petroleros que dirige Guillermo Pereyra debe ser una voz para tener en cuenta en este debate. No podemos olvidar que en Neuquén se ha logrado incluso que empresas privadas (Fox Petrol) den participación en las ganancias a los trabajadores petroleros.



 Elecciones en la CGT y tensiones con el gobierno

Ricardo Pignanelli asumió al frente del gremio SMATA (mecánicos), en un acto que contó con el fuerte apoyo del gobierno.Estuvieron presentes el vicepresidente Amado Boudou (en ejercicio de la presidencia porque Cristina Fernández de Kirchner se encontraba en Chile), el jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, el diputado Carlos Kunkel y los dirigentes de “La Cámpora” Mariano Recalde, Juan Cabandié y Eduardo De Pedro. También participó del acto Antonio Caló, a quien la mayor parte del gobierno y los llamados “gordos” de la CGT (Cavallieri de Comercio, West Ocampo de Sanidad y Lescano de Luz y Fuerza) quisieran ver al frente de la entidad gremial. Tanto Caló como Pignanelli tratan de hacer equilibrio aceptando la estrategia del gobierno pero sin golpear sobre el actual secretario de la CGT Hugo Moyano, lo cual nos obliga a reflexionar sobre el trasfondo de la “interna” de la CGT.

Vale hacer un poco de historia. Durante la crisis de 2001-2002 SMATA y la UOM jugaban dentro de la CGT disidente construida desde el MTA con la conducción de Hugo Moyano. Dicha alianza se rompió cuando se convocó al primer paro general con movilización en mayo de 2002 contra la política del gobierno de Duhalde, cuyo gobierno expresaba los intereses de los grupos económicos locales y europeos. Estos grupos impulsaron la pesificación, licuando los salarios de los trabajadores y pesificando las deudas de las grandes empresas. El ejemplo más claro de esto, se vio en la estafa que se les hizo a todos los jubilados que se encontraban dentro del sistema privado de reparto. Mientras que sus activos fueron pesificados, con la consiguiente pérdida del poder adquisitivo, las deudas de las empresas en dólares fueron absorbidas por el Estado, pesificándolas.

En la situación actual, se agudizan las contradicciones secundarias en el movimiento nacional, al pretender sectores de la UIA junto al gobierno proponer una conducción gremial más afín, subordinada y sin participación alguna en instancias de diálogo y de decisión en tanto se tengan posiciones propias como movimiento obrero. Y este enfrentamiento se agudizó en la medida en que la CGT-Moyanoaceleró su salto a la política y en pujar por la profundización del proyecto nacional desde los intereses del Trabajo.

En este sentido y bajo esta política se hace cada vez más notorio el rechazo de las demandas de los trabajadores por la participación de los trabajadores en las ganancias (que está en la Constitución y ayudaría como pensaba Néstor Kirchner en la regulación de los precios por el acceso a la información que tendrían los trabajadores), por el aumento del mínimo no imponible del impuesto que afecta cada vez más a los trabajadores, por elevar el tope a las asignaciones familiares, por la plata que el Estado le retiene a las Obras Sociales y por las construcción de viviendas que después de 8 años de crecimiento y acumulación se hace cada vez más importante.

Frente a esto, la intención del gobierno de intervenir en la discusión por la sucesión de Moyano se agudiza a partir del análisis de su discurso. El oficialismo pretende una conducción de la CGT obsecuente sin agenda propia, que funcione como un Ministerio más: a fines del año pasado el gobierno modificó en forma unilateral el convenio de trabajo de los trabajadores de AFIP y de aeronáuticos; la demonización de la protesta gremial llamándola extorsiva; el discurso de asunción de Cristina en donde se refirió en forma maliciosa a la falta del derecho a Huelga en el gobierno de Perón; la demonización del conflicto docente para condicionar la paritaria; la insistencia en que las paritarias sean de menos del 20%; la falta de respuesta del Ministerio de Trabajo frente a los conflictos por despidos, etc.

La resolución de la paritaria docente es un símbolo de cómo se plantará el gobierno frente a un año particularmente conflictivo. La finalización de la paritaria nacional docente en forma unilateral por decreto del Ejecutivo, envía una fuerte señal no sólo hacia los sindicatos, sino también a los empresarios. Se carga, de cara a la sociedad, fuertemente contra los trabajadores para dividir la fuerza y restarle legitimidad, lo cual genera heridas difíciles de reparar en los actores más comprometidos con el proyecto nacional. Estos ejes se reproducen cuando se habla de “aristocracia obrera” promoviendo el enfrentamiento entre trabajadores o se deslegitima al conjunto de los dirigentes sindicales y sociales que fueron protagonistas centrales en la construcción de este proyecto. Eso es lo que obliga a una respuesta del Movimiento Obrero.

Plan Argentina Trabaja

También es necesario analizar una medida que impacta sobre los sectores más rezagados de la clase trabajadora. Desde la defensa del Plan Argentina Trabaja, ya que sirvió para incluir y dignificar a muchos argentinos, debemos señalar que no es acertada la medida de aumentar por “productividad y presentismo” los “salarios” de los cooperativistas, por varios motivos: son compañeros cuyos ingresos están fuertemente devaluados a causa del aumento de precios y no fueron actualizados; no se puede pedir “productividad” a quien cobra por debajo del Salario Mínimo Vital y Móvil; en muchos casos hay problemas con las obras por falencias de la administración estatal, así como también en la capacitación en oficios.

Por otro lado estos premios irán solamente a un 20% de la población que recibe el beneficio. Esto implica que sólo 2 de cada 10 cooperativistas podrán recibir este beneficio, con el consiguiente crecimiento del clientelismo.

Tercerizadas

Con respecto a la tercerización y el trabajo en negro, nos encontramos ante una contradicción que produce una tensión entre los trabajadores y el gobierno nacional. Medidas concretas que se reclaman desde el movimiento obrero para avanzar en soluciones reales duermen el sueño de los justos. Esto fue lo que sucedió cuando desde la CGT se presentó el proyecto de ley de Responsabilidad Solidaria de la empresa matriz para con las tercerizadas, al cual se opuso fuertemente el presidente de la UIA, y que ahora vuelve a presentar el diputado Facundo Moyano. Dicha ley constituye una herramienta central para impedir el avasallamiento de los derechos laborales de los trabajadores tercerizados, así como para profundizar un camino de lucha contra el trabajo en negro, que afecta al 34% de los trabajadores. Las grandes empresas tercerizan para reducir costos y negrean de forma indirecta a través de las tercerizadas. No son coherentes con un proyecto nacional de justicia social las palabras de De Mendiguren cuando afirmó que revisar la tercerización implica afectar la competitividad. No es posible mejorar la competitividad a costa de los derechos de los trabajadores y pretender, además, que los referentes que apoyan y construyeron el actual proyecto nacional y popular, se queden de brazos cruzados. Como tampoco es posible que avance el desarrollismo industrial como protagonista del proyecto nacional, subordinando a quienes pueden garantizar con su lucha el sostenimiento del mismo como se vio en la lucha que devino por atrás del conflicto del Paro Agrario, sobre el cual se montaron las fuerzas de la reacción para intentar retrotraernos a los ’90.



  
Golpe Militar para instalar la Dictadura Neoliberal

Una nueva y profunda consigna marcó la movilización por el 24 de marzo, al cumplirse 36 años del golpe genocida neoliberal. “Los grupos económicos también fueron la dictadura” pone de manifiesto un avance en la conciencia política popular, yendo más allá de la antinomia democracia-dictadura y de la discusión sobre la barbarie dictatorial y el cercenamiento de los derechos civiles y políticos. Es decir, significa identificar el por qué de las atrocidades, los verdaderos responsables con nombres y apellidos, ya que se trató de un golpe dado por el gran capital financiero multinacional y algunos grupos concentrados locales contra el conjunto del pueblo. Fue un golpe contra la alianza social Estado-Producción-Trabajo sobre la cual se sostenía el proyecto nacional popular y latinoamericano.

No resulta extraño, entonces, que los desaparecidos hayan sido dirigentes trabajadores (63%), estudiantiles y profesionales, políticos representativos, pequeños productores y de las ligas agrarias, religiosos populares y pequeños y medianos empresarios nacionales. El objetivo de la alianza del golpe, sintetizado en el ministro de Martínez de Hoz (miembro de la Sociedad Rural Argentina, presidente de Acindar, asesor del Chase Manhattan Bank de Rockefeller), era eliminar la fuerza y la estructura de cuadros del proyecto nacional. Pero antes, para poder hacerlo, jugaron a su división, instalando ejes antinómicos al interior del campo popular, haciendo enfrentar a las distintas fracciones entre sí.

De la misma forma y en el sentido de entender al Terrorismo de Estado como una herramienta y no como un fin en sí mismo, es que creemos necesario destacar el 30º aniversario de la movilización del 30 de marzo de 1982 encabezada por la CGT de Ubaldini y enmarcada en un contexto de despidos. La resistencia política a la dictadura se hizo sobre la base de las organizaciones gremiales, porque es a estos a los que atacaba. Por eso decimos que los intereses de los trabajadores llevan implícitos los intereses de nuestra patria.

El impresionante nivel de movilización, su heterogeneidad y el avance de las consignas son indicadores del nuevo momento histórico que se vive en Argentina y Latinoamérica. Pero también expresan un desafío: la enorme demanda y expectativa popular por profundizar el proyecto nacional que se respira en las calles.


 

martes, 3 de abril de 2012

Sobre las tensiones entre el gobierno y la CGT-Moyano

Kirchnerismo, contradicción principal y contradicciones secundarias

Por Gabriel Merino, 7 de febrero de 2012






Kirchnerismo y antikirchnerismo

Partimos de la premisa que la contradicción principal hoy en Argentina es entre el proyecto financiero neoliberal primario exportador –con centro conductor en el bloque imperial americano, junto con los bloques de poder retrasados y fracciones oligárquicas locales— y, por otro lado, el proyecto nacional popular latinoamericano –sostenido desde las clases, fracciones y grupos que conforman lo que denominamos Producción y Trabajo. Dicha contradicción principal se expresa en la antinomia política kirchnerismo-antikirchnerismo. En este sentido, el kirchnerismo implica una nueva identidad del movimiento nacional (vertebrada desde el peronismo como su principal identidad histórica, que convoca a otro conjunto de identidades) en tanto abraza sus banderas, su historia, las reivindicaciones y las demandas de los sectores populares, organizándolos en una nueva identidad política. El kirchnerismo se constituye en una nueva identidad del movimiento nacional como resultado de un proceso político por el cual el conjunto de grupos, fracciones y clases excluidas y subordinadas bajo el proyecto financiero neoliberal, con el conjunto de organizaciones políticas en que se expresan, van dando forma al movimiento nacional y popular referenciándose en un liderazgo, en el cual se sienten representados-expresados-incluidos (aunque sea parcialmente).

Como toda antinomia política, así tratada, kirchnerismo-antikirchnerismo invisibiliza la contradicción principal por la cual emerge, es decir, qué proyecto estratégico expresa, contra cual se enfrenta, cómo surge, qué intereses contiene y articula, cómo es su dinámica, cómo van cambiando las fracciones de poder que conducen la alianza social en función de gobierno, así como las contradicciones en su interior. La antinomia implica una visión binaria que invisibiliza el proceso, el conjunto de contradicciones, aunque a su vez da cuenta de que en el seno del estado se enfrentan dos proyectos de sociedad antagónicos que luchan por la hegemonía (pretenden ser consensuados por la mayor parte de la sociedad). Es decir, que no es todo lo mismo, sino que en un término de la antinomia (el kirchnerismo) se encuentra el camino y la fuerza de la transformación popular, el sujeto histórico para la transformación, mientras que en el otro término se hallan las fuerzas de la restauración, conducidas por el capital financiero.

No debe confundirse que la antinomia kirchnerismo-antikirchnerismo y la contradicción principal que la misma encierra, se traduzca linealmente como “oficialismo” y “oposición”, ya que encontramos cuadros del proyecto financiero global y de otros bloques de poder financieros dentro del “oficialismo” (auque, obviamente, en forma minoritaria y subordinada-disciplinada momentáneamente, tácticamente, a la situación general de relación de fuerzas), así como existen algunas expresiones del proyecto nacional popular y latinoamericano en ciertos sectores denominados “opositores”. Especialmente, luego del rotundo triunfo de octubre por el 54%, “todos” son kirchneristas.

Dentro del kirchnerismo, en tanto expresión de la heterogénea conformación del campo del pueblo, existen múltiples contradicciones producto de la convergencia  de distintas fracciones sociales con distintos intereses, distintas identidades políticas y matrices ideológicas. La alianza social central que da cuerpo y sentido al kirchnerismo –ya que es inseparable en la constitución de una identidad política y su contenido, los intereses que articula y expresa— es entre la Producción (pequeña y mediana empresa nacional, pequeños cooperativistas, etc.) y el Trabajo (trabajadores operarios, técnicos, profesionales, científicos; ocupados y desocupados; formales o informales). A partir del desarrollo de  dicha alianza social en términos políticos-culturales, como fuerza político-social, como bloque de poder, es posible recuperar lo público-estatal como actor central, como herramienta estratégica para el desarrollo económico, social y cultural autónomo. Es decir, no sólo como Estado-interventor, sino como mediación pública de las relaciones sociales que deviene en actor central en el desarrollo de las fuerzas productivas, de las industrias estratégicas de estado y de las ideas-fuerza que vertebran al proyecto nacional, popular y latinoamericano del Trabajo y la Producción.

El Estado, como relación de fuerzas entre proyectos estratégicos en un territorio, a medida que avanza y se fortalece la fuerza de la producción y el trabajo, y se debilita el proyecto financiero primario-exportador, avanza en su forma pública. Y desde la administración pública, el complejo científico-tecnológico público y las empresas estratégicas de estado potencia a la Producción y al Trabajo.

Producción y Trabajo convergen en la necesidad del desarrollo del mercado interno nacional-regional, la necesidad de “cierto” nivel de distribución de la riqueza, la necesidad de recuperar en “cierta” medida el Estado,  la necesidad de recuperar el complejo científico tecnológico nacional, construir grados crecientes de autonomía nacional-latinoamericana, etc. Es decir, en el momento histórico actual, Producción y Trabajo convergen en un programa común y tienen ambos como enemigo principal el proyecto financiero primario-exportador dependiente y neoliberal, asentado en el Mercado, los Servicios y las Finanzas.     


Las contradicciones secundarias entre Producción y Trabajo

Las contradicciones entre Producción y Trabajo, entre una fracción del empresariado nacional y de los grupos económicos locales más pequeños (pequeños y medianos medidos en la escala actual del capital transnacional) y las fracciones que componen la clase trabajadora, necesariamente existen y se expresan como tensiones entre la conducción y las partes del movimiento. Es decir, existen contradicciones entre el polo de la Producción encabezado por la fracción de la Unión Industrial Argentina dirigida por José Ignacio De Mendiguren (hoy titular de la UIA, en alianza con distintos grupos económicos industriales locales como ALUAR y, en menor medida, con el oscilante grupo Techint), junto con Jorge Brito del Banco Macro (y titular de la entidad que nuclea a la banca privada nacional –ADEBA-) y Juan Carlos Lascurain de ADIMRA (nuclea a las metalúrgicas pequeñas y medianas) y, por otro lado, con la fracción más importante y avanzada del movimiento obrero organizado nucleado en la CGT (la CGT-Moyano) y el conjunto de los sectores del Trabajo al interior del movimiento nacional; diferencias en cuanto a la profundización del proyecto, a las prioridades a ser resueltas, a la conducción en términos de programa económico social y cultural.

La actual CGT, bajo la conducción del MTA-Moyanismo, es la principal fuerza material con capacidad de movilización al interior del movimiento nacional, como quedó demostrado en la movilización de entre 350.000 y 450.000 trabajadores el 29-4-2011. Lo que implica que constituye la principal fuerza material en las luchas político-sociales, en donde se define en gran medida el sostenimiento y la profundización del proyecto, además de las luchas político-institucionales. Y como resulta lógico en un proceso general de politización y profundización del proyecto nacional, la principal fuerza material del movimiento junto con las distintas expresiones del campo del Trabajo (CTA, organizaciones político-sociales, movimientos barriales de trabajadores desocupados e informales, movimiento estudiantil, y trabajadores técnicos y profesionales) pugnan por un pasaje de lo gremial, sectorial y corporativo a lo político y lo general, lo cual supone participar centralmente de la batalla cultural y de las decisiones políticas.  

En este marco se explican las tensiones en torno a la ley de participación en las ganancias por parte de los trabajadores (presentada por la CGT al Congreso Nacional), la cual implica no sólo participar de ganancias que crecen año a año para profundizar la distribución de la riqueza, sino también comenzar a influir en ciertas decisiones empresarias con fuerte impacto en los trabajadores, así como observar la estructura de costos reales y, por lo tanto, el manejo de precios por parte de los monopolios que controlan las ramas centrales de la economía.

Lo mismo sucede con el proyecto de ley contra de la flexibilización laboral mediante la tercerización que impulsa la CGT, el cual propone la responsabilidad solidaria de la empresa principal en todos los supuestos de contratación y subcontratación de personal tercerizado (presentada por la CGT-Moyano al congreso nacional). Este proyecto implica romper con unos de los mecanismos centrales del capital concentrado para reducir costos laborales y precarizar el trabajo. La tercerización es uno de los mecanismos centrales de generación de trabajo en “negro”, mediante la subcontratación a las pequeñas empresas proveedoras (armadas muchas veces por las propias grandes empresas). Por ello, ante este proyecto De Mendiguren responde en concreto que ello afecta la competitividad de las empresas, oponiéndose a su tratamiento y sanción que permitiría tener una herramienta legal fundamental para combatir el trabajo en negro, mientras que en abstracto propone como prioritario combatir el trabajo en negro para huirle a las otras demandas planteadas por los trabajadores.

Situaciones similares suceden con el impuesto a las “ganancias” (que parte del sinsentido de que el trabajador pague ganancia, cual si fuera capital), en donde se debate el sistema tributario, mecanismo central de la lucha por la distribución de la riqueza y la profundización del proyecto nacional, popular y latinoamericano. El incremento en un 41,5% en la recaudación de dicho impuesto en un año (2011 respecto a 2010) y los datos consignados en los estudios realizados por el CIFRA, refleja que se amplió en gran medida la cantidad de trabajadores que pagan dicho impuesto al no actualizarse en proporción a la inflación existente, con lo cual comienza a perder sus características “progresivas”, convirtiéndose claramente en regresivo, afectando fundamentalmente al salario mucho más que al sueldo (remuneraciones de gerentes, funcionariado público o privado). Ello implica un ajuste sobre el salario de los trabajadores, lo que también sucede con el tope a las asignaciones familiares. Al mismo tiempo se mantienen muy elevados los impuestos al consumo (IVA), mientras que la renta financiera no paga impuestos y la actividad minera explota los recursos de nuestro subsuelo sin casi dejar nada al estado. 

El debate sobre ajustes de salarios por productividad o según ganancia empresaria es otro de los ejes centrales que tensiona la relación Producción y Trabajo, y en el cual los sectores de la Producción aparecen jugando con el conjunto del capital concentrado para que el aumento salarial vaya de acuerdo al aumento de la productividad del trabajador, sin discutir rentabilidad empresaria y distribución de la riqueza que aumenta por el aumento de la productividad. Si ello no se discute, el aumento de la productividad redunda en aumento de la ganancia empresaria e incluso de la tasa de ganancia empresaria producto del aumento del grado de explotación sobre la fuerza de trabajo. De ser así, implicaría retroceder en los niveles de distribución de la riqueza, ajustar sobre los trabajadores, dando marcha atrás con los importantes avances que se lograron a partir de 2003 en este sentido.

Uno de los argumentos falaces que se esgrimen para correr el eje de discusión y favorecer la posición empresaria es el típico recurso a fragmentar político-gremialmente a la clase trabajadora hablando de “aristocracia obrera” o de los salarios de los que trabajan en el Activo, es decir, el 20% de la fuerza de trabajo en relación con el capital concentrado y los puestos de mayor remuneración, en contraposición a los asalariados que menos ganan, los informales, desocupados, etc. En realidad, lo que debe debatirse es que si el 38% o 46% (según distintas mediciones) de la masa de ingresos de la Argentina van a parar a las mayorías trabajadoras (en sus distintas situaciones y condiciones), a dónde va el restante 62% o 54%? Y particularmente ¿cuánto es lo que se llevan las 400 principales empresas del país, de las cuales casi 300 son de capital extranjero? Dividen para legitimar que la distribución de riqueza sea entre los mismos trabajadores y no entre capital-trabajo, asegurando mantener las ganancias impresionantes que actualmente se apropia el capital concentrado (en su mayor parte en situaciones de mercado oligopólicas o monopólicas).

 Algo similar sucede con la pauta de crecimiento salarial nominal para las paritarias. Si existe un techo dado por el gobierno pero no existe un acuerdo de precios que se sostenga por debajo del porcentaje de la paritaria, ello va a significar un ajuste para el bolsillo de los trabajadores. De hecho, el aumento de precios fue la respuesta empresaria ante el proceso de recuperación de los ingresos de los trabajadores (disminución del desempleo, paritarias) y de las políticas de inclusión social (AUH, jubilaciones, cooperativas, etc.). No por casualidad el aumento impresionante que se dio particularmente en alimentos y bebidas, que constituyen la porción central del gasto de las mayorías trabajadoras.
  
 El debate por las obras sociales y su desfinanciamiento tiene que ver con dos cuestiones centrales: mermar el poder del movimiento obrero organizado y favorecer el negocio privado de la salud. Por ello en su momento esta embestida fue impulsada por el  ala “progresista” del proyecto financiero globalista, con fuerza al interior del gobierno hasta el 2008, cuyo vértice era Alberto Fernández. Fue la albertista Graciela Ocaña quien operativizó la embestida, quien no por casualidad hoy milita en las filas de De Narváez, representante del proyecto financiero globalista: ella –como tantos otros- no cambió un ápice, lo que cambió fue el proceso político, las correlaciones de fuerzas al interior del gobierno. Otra cuestión es la necesidad de regular las obras sociales, eliminar la corrupción y controlar que no se roben la plata de los afiliados. Pero no debemos confundirnos. Este debate es similar al que en su momento se dio sobre empresas públicas estatales cuando se privatizaron: con la construcción del eje de su corrupción e ineficiencia no se buscaba “sanearlas” o  “aumentar su productividad”, sino que en realidad se utilizaba para legitimar el proceso de privatización y liquidación del patrimonio nacional en manos del capital financiero transnacional, sus multinacionales y los grupos económicos locales.

En el debate por la ley de entidades financieras junto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, a la que se oponen sectores bancarios que actualmente son parte de la alianza social de gobierno (ej. Jorge Brito-Banco Macro), también se expresan dichas contradicciones al interior de la fuerza. Resolver esta cuestión resulta central para avanzar en la reconfiguración del sistema financiero nacional, estructurado entre el golpe del 76’ y durante los 90’ a imagen y semejanza del capital financiero transnacional y su séquito local, lo cual permitiría, por ejemplo,  ir por un plan integral de créditos hipotecarios para la vivienda y para la producción. Por lo tanto, acá se da otra situación de decisión estratégica, por la cual se vuelve necesario profundizar para continuar con el rumbo de la justicia social, lo cual choca con los intereses de actores que son parte de la alianza social en función de gobierno.

En el tratamiento de estos ejes se observa las distintas contradicciones que surgen de la posición económica y social que ocupan los grupos, fracciones y clases que convergen en el proyecto nacional, a las cuales debemos sumar el conjunto de contradicciones de índole política e ideológico-cultural. Las mismas se procesan y sintetizan políticamente, en última instancia, en el gobierno y, particularmente, en la figura de Cristina Kirchner, que como conductora del movimiento tiene la responsabilidad de realizar dicha tarea, marcando los tiempos y modos de avances o retrocesos, conteniendo a los distintos actores, leyendo las correlaciones de fuerzas existentes, etc. Al no existir una estructura de conducción del movimiento nacional (no es lo mismo que una mesa chica), todos los costos y beneficios de las decisiones políticas recaen en su figura en tanto líder del movimiento, y toda decisión hacia alguna de las “partes” genera una tensión con los sectores afectados, perjudicados o relegados.


La contradicción principal y la antinomia

Hacer observable la contradicción principal en cada momento, así como la fuerza que conduce cada campo y el orden al interior del mismo, permite observar si el proceso de transformación va en el sentido de la profundización o del retroceso (mirado desde el punto de vista nacional, popular y latinoamericano). En este sentido, el proyecto industrialista nacional, asentado en el Estado y en la Producción, pasó a ser dominante en la alianza político-social expresada en el “kirchnerismo” a partir de 2008, luego del Paro Agrario y el estallido de la Crisis Financiera Global como guerra financiera en el núcleo del poder mundial en septiembre de dicho año (cuando se decidió la caída del banco Lehman Brothers). Hasta allí, el proyecto productivo neo-desarrollista encabezado por los grupos económicos locales y europeos que controlan la AEA (no burguesía nacional sino capital concentrado “local”) era el dominante, impidiendo el avance del estado en el control de resortes centrales del poder político-económico y resistiendo el proceso de re-distribución de la riqueza a favor del Trabajo. Esto es, simplificando, que Techint, Roggio, Pérez Companc, Clarín, Arcor, Peugeot-Citroen, Fiat, Pescarmona y el conjunto de la cúpula empresaria nucleada en el Grupo Productivo, junto con sus cuadros políticos y culturales que conforman dicho bloque de poder, eran quienes entre 2003 y 2008 se imponían dominantemente como política de gobierno de acuerdo a la correlación de fuerzas existente. Si bien el kirchnerismo como tal, como nuevo entramado político-estratégico, contenía y expresaba a su vez, un conjunto de actores y fuerzas que conforman lo que podemos denominar el bloque de poder nacional, popular, democrático y latinoamericano, asentado en el Estado, la Producción y el Trabajo, con sus banderas de justicia social, integración y liberación latinoamericana, soberanía política e independencia económica.

La antinomia política kirchnerismo-antikirchnerismo, luego del Paro Agrario y con la subsiguiente estatización de Aerolíneas Argentinas, la estatización de las AFJP, la ley de medios, la AUH, el Plan Argentina Trabaja, la recuperación del Banco Central para una política nacional, etc., pasó a expresar otro estado de la contradicción principal en el camino de la profundización o ascenso del proceso de transformación popular. Ello implicó que los cuadros y las organizaciones del proyecto nacional popular y latinoamericano asciendan en posiciones en el gobierno del Estado y/o en la influencia en la política de gobierno, y a su vez que se acreciente la politización de la sociedad, se generalice la batalla cultural, y la participación y movilización político-social pase a ocupar un lugar fundamental en la construcción política. Es decir, cambiaron los polos de la contradicción principal y en el proceso de profundización, quienes antes estaban dentro del kichnerismo pasaron al antikirchnerismo, ya que sus intereses sólo podían llegar hasta el punto de bifurcación estratégica del Paro Agrario.     


Contradicción secundaria, antinomia y gobierno

Dentro del kirchnerismo se desarrolla la contradicción secundaria Producción-Trabajo, a la vez que se encuentra contenida y subordinada a la contradicción principal junto con otras contradicciones secundarias y tensiones políticas e ideológicas al interior del movimiento nacional-popular-latinoamericano. Por otra parte, dicha contradicción necesariamente guarda relación con la contradicción fundamental de todo sistema capitalista, la contradicción capital-trabajo, con lo cual, en estas luchas, se generan ciertos alineamientos tácticos generales entre la Producción, el capital concentrado local y con el conjunto de líneas de capital financiero multinacional y transnacional que son parte de distintos bloques de poder. Todos están de acuerdo en ir contra el Trabajo. Este campo de contradicciones se procesa y se expresa (auque no linealmente) en el gobierno del estado, en tanto que el gobierno del estado expresa la correlación de fuerzas existentes en un territorio social.  

En la medida en que el gobierno y, particularmente Cristina Kirchner, tercia para alguna de las partes coincidiendo su decisión con la posición de alguna de las partes en pugna, se genera allí una tensión. En ciertas oportunidades (como el Paro Agrario o la batalla por la ley de medios) la magnitud de la decisión  implica un punto de bifurcación estratégica (ver García Linera), es decir, una profundización o un retroceso abrupto del proceso de transformación, donde ya no es posible contener a un conjunto de actores ni mantener la situación de equilibrio anterior, que produce un cambio general en la propia fuerza, en el esquema de poder, en la conducción de las fuerzas en pugna y en la contracción principal. Si además, cuando se da ese punto de decisión hacia alguna de las partes, no existe una estructura de conducción del movimiento nacional y todo se encuentra en estado “gaseoso”, el procesamiento de dicha tensión se complica, con lo cual empiezan a pesar con mayor fuerza cuestiones personales y afectivas en las relaciones fundamentales del movimiento. Es decir, en la medida que en función de la evaluación de la situación por parte del líder del movimiento, con su mesa y sus objetivos estratégicos, tercia a favor del polo de la Producción (como en el caso de la ley de participación de ganancias o la ley de responsabilidad solidaria contra la tercerización, la flexibilización y el trabajo en negro) se genera allí una tensión, que desarrolla la contradicción secundaria.

Sin embargo la tensión actual es más profunda. La misma se desarrolla y se despliega a partir de que el movimiento obrero organizado nucleado en la CGT-Moyano, como también otras expresiones de los trabajadores y del campo popular ya que forma parte de un movimiento general, decide dar el salto de lo gremial o político-gremial a lo político y realiza una movilización de entre 350.000 y 500.000 trabajadores en tal sentido, apoyando al gobierno nacional, la reelección de Cristina Kirchner y la profundización del proyecto nacional, a la vez que expone un conjunto de demandas. Como es lógico, el salto a lo político se hace dentro del kirchnerismo y resaltando la identidad histórica peronista del movimiento obrero organizado, bajo los ejes estratégicos de soberanía política, independencia económica, justicia social e integración latinoamericana. En este pasaje, necesariamente y en términos generales, se profundiza el proceso de rearticulación de la fuerza de masas, en la re-construcción del sujeto histórico de la transformación, que es inherente a la llamada profundización del proyecto nacional, lo cual se expresa en el pasaje (o la intensión) del conjunto del campo del pueblo de lo gremial a lo político, y a la unidad de la clase trabajadora. No puede existir una cosa sin la otra, profundización sin salto a la política, ya que el terreno central de la lucha por parte del conjunto de los trabajadores es el terreno político.

Este avance es lo que intenta bloquear y contener el polo de la Producción y, por otro lado, lo que pretenden eliminar de cuajo todos los actores del proyecto financiero global y los actores políticos y culturales que son parte dicho campo. Por ello mismo, al interior del propio kirchnerismo, todos estos actores que expresan el ala industrialista desarrollista nacional, demuestran en términos políticos-estratégicos que son incapaces de conducir la profundización del proyecto nacional ya que pretenden hacerlo con el movimiento obrero organizado y el conjunto de los sectores populares organizados acotados a lo gremial y a las reivindicaciones corporativas-sectoriales. Es por ello que apuestan a una conducción de la CGT más dócil, encasillada en cuestiones gremiales-sectoriales y, por lo tanto, subordinada a sus intereses; así como también, el desplazamiento de los referentes del conjunto de organizaciones populares que expresan-organizan a distintas fracciones económico-sociales, a posiciones secundarias de decisión e influencia al interior del movimiento. Ello se produce promoviendo cuadros de “gestión” y funcionariado como mediaciones políticas y representantes oficiales del movimiento nacional, lo cual produce una crisis de representación al interior del movimiento ya que los que “representan” y median no expresan, ni provienen, ni son, en muchos casos, los líderes surgidos del proceso de militancia y formación de cuadros populares. Se fuerza dicha situación desde “arriba” lo cual genera crisis, tensa e impide la síntesis, agudizando un conjunto de contradicciones secundarias y tensiones que obstaculizan la profundización del proyecto nacional, popular y latinoamericano.  


Crisis global e industrialismo desarrollista nacional

La crisis posee un doble carácter. En primer lugar, constituye una oportunidad histórica para construir un bloque de poder que sostenga el proyecto nacional, popular y latinoamericano, en el marco del debilitamiento de los bloques de poder imperialistas en pugna en su lucha por la reconfiguración de un nuevo orden mundial. Pero, por otro lado, constituye un desafío permanente en sus ciclos recesivos ya que sobre ellos pueden montarse los golpes reaccionarios, como ha sucedido en otros momentos histórcos. El tema es como se encaran estos ciclos recesivos y sobre quien recae el costo de la crisis. 

Con la crisis financiera global agudizándose y dando lugar al segundo ciclo recesivo del proceso, esta vez centrado en Europa, el gobierno  profundiza todas las medidas del proyecto industrialista-desarrollista, con centralidad en el estado, de carácter nacional-regional, que se despliega fundamentalmente bajo las demandas del polo de la Producción y de fracciones industriales del capital concentrado local, deviniendo de corporativas- sectoriales a políticas generales y expresión dominante de la política de gobierno. Esta aparece como la forma de encarar la crisis, que se resume en la profundización de la industrialización por sustitución de importaciones y diversificación productiva mediante la agudización de las medidas proteccionistas, fiscales, crediticias, de control, etc., lo cual resulta favorable para el campo del pueblo frente al proyecto financiero y sus distintas versiones imperiales. Es decir, se profundiza un capitalismo de estado comandado por los “industriales”, ya que en la asignación y distribución de los recursos de la sociedad  tiene un lugar cada vez mayor lo público-estatal en detrimento del mercado. Recordemos, que, librados a las fuerzas del mercado  de Mendiguren y Cía, perecen, de allí su renovado “estatismo” desde fines de los ’90 cuando, luego de apoyar las privatizaciones menemistas, sufrieron el embate del capital financiero transnacional y las multinacionales.

Por otra parte, como ni el pequeño y mediano empresariado local (como tampoco los grupos económicos concentrados locales) constituyen una burguesía estratégica de estado desarrolladora de las fuerzas productivas nacionales -lo cual es lógico en todo país dependiente o semi-colonial-, sólo es el Estado quien puede asumir las funciones de “burguesía nacional” en el sentido del desarrollo de las fuerzas productivas y la industria estratégica nacional de alto valor agregado a través de las industrias estratégicas estatales. Sin ello, no existe posibilidad de desarrollo de la Producción, ya que el pequeño y mediano empresariado nacional queda subordinado al capital concentrado local y transnacional económica y políticamente, como proveedor tercerizado (por más que tenga una independencia formal). Y sin ello, no existe posibilidad alguna de construir independencia, soberanía y justicia social.

Ahora bien, si el Estado es el estado de relación de fuerzas entre proyectos políticos estratégicos, tanto del sistema político-institucional como de la sociedad civil, y el Estado público comienza a recuperarse y desarrollar funciones estratégicas a partir de que la Producción y el Trabajo ganan en correlaciones de fuerzas en el territorio, ¿Quién puede sostener la profundización del proyecto nacional? Incluso siendo el industrialismo la expresión dominante, ¿Es posible que sea sostenido por el pequeño y mediano empresariado nacional con el movimiento obrero organizado y el conjunto de organizaciones populares acotadas, frenadas y subordinadas? ¿Sobre qué intereses, sobre qué poder, sobre qué fuerza va a sostenerse el proyecto nacional y popular y su profundización? Sin pueblo organizado, sin movimiento obrero organizado dando el salto a lo político y sin el conjunto de expresiones del campo del pueblo profundizando la militancia, la formación de cuadros y la influencia en la política de gobierno, al pequeño y mediano empresariado nacional se lo devoran en un desayuno y lo untan con el Estado. Es decir, el capital concentrado conducido por el proyecto financiero global de las redes financieras transnacionales, vuelve a tomar la sartén por el mango.      

Debe tenerse en cuenta, además, que el proyecto financiero global angloamericano también impulsa la industrialización y la diversificación productiva, además de la expansión de los agronegocios y de los negocios extractivos. Para las redes financieras globales ya no hay centro sino que todo territorio es un territorio a colonizar. Promueven un proceso de industrialización sustitutiva y diversificación productiva  encabezado por sus transnacionales, las cuales conducen el proceso de valorización quedándose con la mayor parte de la riqueza producida por los pueblos. En este sentido se habla de los mercados emergentes con su capital en Londres (Paul O’Neil, Goldman Sachs), expandiéndose a través de la red de city’s financieras globales. Sólo en la medida en que el proceso de industrialización, diversificación productiva y aumento del valor agregado se construya desde el Estado, en donde la Producción esté en relación a las empresas estratégicas de estado de alto valor agregado y no subordinadas a las transnacionales, se puede profundizar la construcción de soberanía, independencia, democracia y justicia social. Y es el Trabajo, es decir, la clase trabajadora en su conjunto, sobre la cual se puede apoyar y quien puede vertebrar dicho proceso de transformación popular.  


Contradicciones y batalla cultural

El primer aspecto central de la batalla cultural es debatir el surgimiento, desarrollo y constitución del kirchnerismo como nueva identidad del movimiento nacional. Especialmente, es necesario debatir una tendencia a creer que el kirchnerismo es el resultado de un proceso de arriba hacia abajo que se entiende si nos centramos en sus líderes, Néstor y Cristina Kirchner, los cuales debido a su voluntad política, a sus ideales, a sus convicciones y su coraje, etc., cambiaron el país y nos sacaron del infierno. Esta es una verdad parcial que no da cuenta del proceso político en su conjunto y de la dialéctica entre el “arriba” (sistema político-institucional) y el “abajo” (frentes políticos-sociales) que se encuentra en el centro del surgimiento del movimiento nacional y popular. En este sentido no se puede escindir la lucha contra el neoliberalismo del movimiento obrero organizado del MTA conducido por Hugo Moyano y el conjunto de luchas del campo popular en la Argentina, con el surgimiento del kirchnerismo. No puede entenderse el kirchnerismo sino a partir de dichas luchas y organizaciones que pasan de un momento defensivo, de resistencia, a confluir en un movimiento político que permite una articulación para salir de la resistencia y pasar a la construcción (ofensiva) del proyecto nacional, popular y latinoamericano. En principio el pueblo ingresa de forma subordinada, ya que Kirchner llega a la presidencia gracias a la concesión por “izquierda” que necesita hacer el Movimiento Productivo Argentino, encabezado políticamente por Duhalde-Alfonsín y conducido por la cúpula empresaria nucleada en AEA a partir de 2002, para legitimar su proyecto e incluir a un conjunto de sectores populares que le permita mantenerse en el poder ante la alianza “dolarizadora” del proyecto financiero neoliberal. Es una decisión que combina contingencia y necesidad. En este sentido, no hay kirchnerismo sin CGT-Moyano, sin las luchas de la CTA, del movimiento estudiantil, de las organizaciones políticas y sociales populares (los llamados movimientos sociales, particularmente de desocupados), etc. Incluso, como advirtiera el propio Néstor Kirchner ante la derrota electoral de 2009, cuando reflexionó que “perdimos por no profundizar más”, el kirchnerismo sólo es una nueva identidad del movimiento nacional en la medida en que expresa el proyecto nacional popular latinoamericano, avanza en función de las demandas populares y profundiza las conquistas para la justicia social.

Por todo esto, los cuadros intelectuales y los medios de comunicación enemigos del proyecto nacional, popular y latinoamericano, apuntan todos sus esfuerzos a hacer de la contradicción secundaria la contradicción principal: agudizan todos sus esfuerzos para partir la fuerza e influir decisivamente en la batalla cultural al interior del propio kirchnerismo. Incluso, dentro del “kirchnerismo”, encontramos a muchos actores económicos, políticos y culturales que representan el ala “progresista” del proyecto financiero global, una de cuyas características centrales es el anti-obrerismo (en concreto: contra los dirigentes, métodos y organizaciones) desde una perspectiva liberal. Para el proyecto financiero global, que pretende salir de la crisis con la construcción de un nuevo orden mundial asentado en una forma de Estado global (o institucionalización del poder financiero transnacionalizado en los últimos 40 años), necesita, en tanto no puede imponerse como dominante en Latinoamérica, que no llegue a conformarse un bloque de poder con la fuerza suficiente para que una vez resuelta la crisis global vengan a disciplinar a los países y regiones díscolas. Y necesita para la Argentina eliminar de la política al movimiento obrero organizado y al conjunto de las organizaciones del campo popular, del polo que denominamos Trabajo; es decir, bloquear la posibilidad del salto a la política, de la profundización del proyecto nacional, bloqueando la conformación de la alianza estratégica entre el conjunto del movimiento obrero y los trabajadores técnicos y profesionales, o la unidad de los trabajadores. 

En este sentido, son claras las palabras de Rosendo Fraga a horas de la muerte de Néstor Kirchner, conductor nacional junto a Cristina del proyecto nacional,  popular y latinoamericano: “Ella ahora puede adoptar algunas decisiones que se reclaman, como tomar distancia de Hugo Moyano y terminar con su influencia.” Además, por supuesto, proponía-amenazaba que Cristina ceda a todos los reclamos del “establishment” para lograr su continuidad.    

Es necesario debatir, por otra parte, un conjunto de argumentos e ideas que se expresan al interior del propio campo a la hora de dirimir las contradicciones secundarias, cuyo objetivo es restar legitimidad (fuerza-moral) al movimiento obrero organizado dirigido por la CGT-Moyano y aislarlo. Por lo general, muchos intentan ocultar las contradicciones secundarias existentes, los poderes y proyectos en pugna, realzando la antinomia kirchnerismo-antikirchnerismo en su tratamiento binario y lineal.

En primer lugar, se intenta calificar de “corporativo” al MOO-Moyano, realzando el discurso liberal anti-corporativista que oculta el proceso de construcción de poder que siempre implica articulación de partes y actores, que se enfrentan a otros actores con otros proyectos. A su vez, esta visión separa completamente el momento económico social y el momento político-institucional. En realidad, como observamos anteriormente, la profundización de las contradicciones y tensiones se da a partir del proceso de descorporativización creciente del movimiento obrero en su salto a la política, en su intención de debatir el proyecto político y los pasos de la profundización. Si el moyanismo no planteara demandas político-gremiales para la profundización (con el peso político que tiene y lo que expresa) y se mantuviera solamente en reclamos corporativos-gremiales, no se hubieran agudizado las tensiones tanto en el propio campo como con el proyecto financiero global. El problema es que, como sucedió en otros momentos históricos, la clase trabajadora con su identidad histórica peronista asciende con el kirchnerismo, se fortalece económica y políticamente, y a través de sus expresiones más avanzadas lucha por la profundización del proyecto.    
En segundo lugar es necesario analizar el argumento de que el mundo del trabajo cambió, la sociedad cambió y perdió centralidad el movimiento obrero y la clase trabajadora en general a la hora de la construcción política popular. En un momento, el pensamiento neoliberal llegó a instalar incluso la idea de “desaparición” de la clase trabajadora y del movimiento obrero como actor político. Si bien la sociedad ha cambiado, el sistema capitalista sigue vigente, definiendo dos grandes clases de hombres: “los que trabajan y los que viven de los que trabajan”. Incluso, en términos relativos, el porcentaje de personas que no tienen otro medio para subsistir que vender bajo distintas formas su fuerza de trabajo ha aumentado. Lo que ha cambiado es que con la imposición del capital financiero transnacional como forma de capital dominante se dio un proceso de cambio en las formas de trabajo: tercerización, flexibilización laboral, aumento de la informalidad, fragmentación de la clase trabajadora, hiper-especialización, aumento relativo de las tareas administrativas, descenso relativo del trabajo industrial, aumento relativo de trabajo técnico y profesional con respecto al trabajo manual, etc. Ello significó un notable aumento de la heterogeneidad de la clase trabajadora y de condiciones que hicieron entrar en crisis las tradicionales formas de organización. Sin embargo, no pierden en absoluto centralidad los trabajadores en sus distintas fracciones sino que cambian las condiciones económico-sociales de partida para su organización y las formas mismas de organización. Sería imposible entender el kirchnerismo sin observar la articulación de demandas que hace del conjunto de los trabajadores, que necesariamente brotan de problemas producidos por la imposición del proyecto financiero neoliberal a partir de 1976. Además, el movimiento obrero organizado sigue demostrando ser la fuerza movilizada central de un proyecto de transformación en la Argentina como se observó en el último acto por el día del trabajador referido anteriormente.     
En tercer lugar existe una necesidad de encasillar al MOO-Moyano en el supuesto debate entre la izquierda y la derecha del movimiento peronista, por supuesto en el lugar de la derecha. Muchos intelectuales del ala progresista del imperio refuerzan históricamente dicha visión, que tiene por objetivo estratégico dividir y correr el eje del debate. La dificultad de dicho argumento es cuando se baja a lo concreto, a medidas concretas, a demandas esgrimidas, a luchas reales, a la historia real de cada personaje y a leyes concretas. Según este relato ¿quién sería la “izquierda”? Estamos en un problema, si en la “derecha” están los que luchan por el reparto de ganancias, contra la tercerización y el trabajo en negro, contra los despidos, por un plan de viviendas nacional que solucione el déficit habitacional, por una reforma tributaria, etc., y además poseen los pergaminos históricos de lucha, coherencia y lealtad al proyecto nacional-popular y a sus banderas históricas. Sin embargo, no resulta raro que se procedan a estas categorizaciones, que invisibilizan los proyectos e intereses en pugna, e invisivilizan la observación de “izquierda” y “derecha” de qué proyecto político estratégico. Dichas categorizaciones de la tradición liberal europea por lo general guardan relación con un tratamiento formalista de los procesos históricos, muy propio de ciertas fraccione sociales, que en vez de analizar los hechos y contenidos concretos de los actores en pugna, se dedica a reflexionar sobre los mismos a través de sus dichos, frases, consignas abstractas y formalismos varios, invirtiendo los lugares en el drama. Una cosa es lo que el actor dice de sí mismo y otra lo que hace, aunque ello no implique descartar ni mucho menos el plano de los discursos y la batalla por la legitimidad, por las ideas-fuerza dominantes en un sociedad, sino ponerlas en relación con el proceso político, los intereses en pugna, los actores y sus implicancias.       
Existe un cuarto eje antinómico, que ya ha sido trabajado en otros documentos y que aquí sumamos otros aspectos (ver La profundización del kirchnerismo), que es el de oponer movimiento obrero organizado vs.  juventud, lo cual guarda relación con el eje tratado anteriormente (izquierda y derecha). Es decir, se intenta construir que el sujeto histórico de la transformación es la “juventud”, lo cual se opone a los “no jóvenes” que son parte de la fuerza. Ahora bien, ¿qué sentido tiene utilizada como categoría política? Así trabajada, antinómicamente (moo vs. juventud), la juventud refiere a la juventud de los llamados sectores medios, de lo contrario sería un sinsentido oponer juventud a movimiento obrero ya que no son excluyentes. No son excluyentes ni en su momento económico-social y cultural  (joven obrero trabajador) ni en su momento político, es decir, de organización (joven obrero militante de la juventud). En todo proceso de transformación se da un proceso de politización general de la sociedad y en particular de la juventud, que impulsa y le da dinámica al proceso de transformación, le aporta su energía a la lucha, al tiempo que garantiza su continuidad. Además, esto responde a una necesidad organizativa estratégica: el 59% de la población argentina es menor de 35 años, y para organizar, politizar, motivar la participación política es necesario que los cuadros compartan modos, formas y costumbres propias de cada generación. Sin embargo, la “juventud” en lo político no implica que sea la juventud militante de un proyecto popular, puede ser la juventud del neoliberalismo en su versión delarruista organizada bajo el “grupo sushi”. 

Una quinta antinomia en que se cae es la de peronismo vs kichnerismo, en vez de observar dialéctica entre ambas identidades. El peronismo es la principal identidad histórica del movimiento nacional y la identidad dominante en el movimiento obrero organizado, ya que fue en dicho proceso histórico cuando el movimiento obrero organizado y la clase trabajadora en su conjunto alcanzó los mayores niveles de distribución de la riqueza, influencia en la política del estado, espacios políticos institucionales, legitimidad y reivindicación cultural. Por otro lado, fue en dicho proceso en que se alcanzó mayor nivel de independencia económica, desarrollo de las industrias estratégicas de estado y justicia social centrada en el trabajo. Resulta lógico que el movimiento nacional y el movimiento obrero en particular confluya en la construcción de una nueva identidad histórica desde la identidad que sienten como propia, así como otros sectores confluyen desde su propia identidad. Y el proceso de síntesis no es el resultado de una elaboración teórica-académica o de una rosca política, sino que sólo puede darse en la medida que el proceso de profundización va construyendo mayores niveles de síntesis, en la medida en que las distintas identidades políticas históricas se encuentran contenidas y sintetizadas en una nueva identidad política para resolver las tareas actuales.

Analizar el kirchnerismo sin tener en cuenta las contradicciones señaladas anteriormente, la construcción del kirchnerismo como nueva identidad política y sin observar el hecho de que los pueblos hacen la historia a partir de su historia y sus identidades político-históricas, significa darle un tratamiento antinómico a la cuestión, exacerbando las contradicciones existentes.   
 

Todos los ejes señalados anteriormente son exaltados por los distintos actores del proyecto financiero para hacer devenir las contradicciones secundarias como principales. El desafío, entonces, es continuar la lucha por la profundización del proyecto nacional, popular y latinoamericano, trabajando detenidamente en el plano de la lucha cultural, pujando para que las medidas ante la crisis global y sus impactos recesivos profundicen el camino redistributivo, recuperando las empresas estratégicas estatales con la fuerza de la clase trabajadora como única vía para construir independencia económica con justicia social; todo ello sin caer en las trampas y provocaciones del  enemigo, así como de algunos que dentro de la propia fuerza reproducen trampas y reflotan distorsionadamente debates históricos.