Gabriel Merino
La ampliación de la edad para votar a los 16 años es un gran avance democrático. A 100 años de la sanción de la ley Saénz Peña y a 65 años de la universalización real del sufragio a partir del voto femenino sancionado por Perón en 1947, la incorporación de mayores franjas juveniles a la participación electoral es un paso más en la dirección de enriquecer y hacer más inclusiva nuestra comunidad política.
La ampliación de la ciudadanía a partir del ensanchamiento de los derechos civiles constituye un paso importante en el camino de la democratización de la sociedad, siempre y cuando vayan acompañados de avances en los derechos humanos y sociales que impidan que los derechos civiles sólo queden en letra muerta. Este es un debate central desde el surgimiento mismo de la democracia, que hace a la diferencia sustancial entre democracia formal y democracia real y social.
El debate y la participación política de los jóvenes son centrales para forjar un país para todos. Desde el golpe de 1976 y la imposición del proyecto financiero neoliberal, la juventud fue objeto de múltiples estrategias regresivas, con el objetivo de mutilar desde temprano a las generaciones populares que tendrían en sus manos conducir los destinos de la nación.
Los jóvenes militantes obreros, estudiantes, profesionales y campesinos que luchaban por una patria más justa fueron objeto primordial de persecución sangrienta. Luego, con la profundización del neoliberalismo, objetivos privilegiados de la nueva ética del consumismo, del individualismo, de la no participación, del “no te metas”, de la política no sirve para nada, etc., como forma de adoctrinar y excluir de la decisión sustancial de los rumbos de la nación a las grandes mayorías. Por otra parte, la juventud, especialmente la juventud pobre -multiplicada hasta el hartazgo con las políticas de destrucción de la producción, el estado y el trabajo- se erigió como objeto central y estigmatizado de la criminalización.
Ello trajo la fragmentación de la sociedad y, especialmente, de la juventud. La juventud pobre y obrera, tipificada como “pibes”, y la juventud de los trabajadores profesionales y sectores medios presentada como “adolescentes” o simplemente juventud, es la forma en la que se expresa dicha fragmentación y se divide el campo del pueblo. Atomizando a todos aquellos que viven de su trabajo y estigmatizando como peligrosos a sus fracciones más pauperizadas.
No por casualidad se vedó a la juventud la política, primero a la fuerza y luego a través de la batalla cultural. Porque la participación y politización de la juventud es la salida estratégica para romper esta trampa y superar, a su vez, la trampa de cierto “progresismo” de poner a la juventud (especialmente de las fracciones más postergadas) como meros objetos de asistencia, separadas también del resto de los sectores que componen el campo del pueblo.
Resulta fundamental romper con la concepción formalista de la democracia y problematizarla desde la centralidad de la vigencia plena de los derechos humanos y sociales para la vigencia completa de la misma. En este sentido, este avance para los jóvenes no puede soslayar la cantidad de jóvenes todavía excluidos, que se expresa en la alarmante cifra de quienes no estudian ni trabajan.
Según cifras de la CEPAL, en 2010 eran 900.000 los jóvenes en nuestro país entre 13 y 19 años que se encontraban en esta condición. Muchos, a pesar de la obligatoriedad de la secundaria que constituye otro gran avance legislativo en nuestro país, no pueden estudiar ya que no tienen las condiciones sociales suficientes para hacerlo. Por otro lado, es sobre los jóvenes donde principalmente recae el flagelo del desempleo, el trabajo en negro (que todavía afecta a más de la tercera parte de los trabajadores) y la explotación por tercerización que, como pesada herencia neoliberal de la dictadura, cercena los derechos básicos del joven trabajador. El asesinato de Mariano Ferreyra es paradigmático en este sentido.
Por ello esta ley del voto joven va a empezar a llenarse de más contenido y realidad cuando, por ejemplo, se avance sobre el proyecto de responsabilidad solidaria contra la tercerización como forma de precarización laboral. O cuando los jóvenes tengan un pleno acceso a la vivienda garantizado por un Banco Hipotecario estatal y para los trabajadores. O cuando se les garantice a los jóvenes un acceso al primer empleo digno. O cuando podamos avanzar y hacer cumplir plenamente la Ley 26.061 de Protección de los Derechos del Niño y de los Jóvenes, sancionada en 2006.
Ese es el camino de la profundización y el camino de la democratización plena. La democracia, en su sentido más profundo, es inseparable de la Justicia Social, que es creadora de ciudadanía. La democratización efectiva de la sociedad significa además del pleno ejercicio de los derechos civiles y la ampliación del sufragio, el pleno acceso a la vivienda, a la salud, a la educación, a la alimentación. Todo ello es lo que hace realmente efectiva la democracia.
Una democracia participativa, una democracia social, una democracia real es posible sólo a través de la justicia social.
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