Como dijimos en la primera edición, debido a la
cantidad de información y la intensidad con que ésta se renueva, como así
también a la confusión que muchas veces intentan instalar los medios de
comunicación en general, que en ningún caso ya sean oficialistas u opositores
reflejan lo que expresamos, hemos decidido realizar un Análisis de Coyuntura para esclarecer nuestra posición sobre cada
uno de los grandes temas nacionales y darla a conocer.
Esta es una herramienta de militancia para la
reflexión y el debate, donde a partir de la información objetiva interpretamos
la realidad desde nuestra mirada para de esta forma contribuir en la formación
de cada uno de los compañeros. ¡Difundilo!
En esta oportunidad los temas que elegimos tratar para
profundizar el debate son los siguientes:
- La nacionalización de YPF
- La interna CGT: profundización del
proyecto o retorno a los ’90
2° Análisis de Coyuntura
1° de mayo de 2012
YPF: Soberanía y
Justicia Social
Finalmente y
luego de una lucha de largos años, se nacionalizó YPF. Los argentinos
recuperamos un símbolo de nuestra soberanía política e instrumento central de
la construcción de la independencia económica. Sin ello es imposible la
justicia social.
El ejemplo de
YPF lo demuestra. Alrededor de la petrolera del Estado no sólo se logró el
autoabastecimiento y la soberanía-seguridad energética, sino que también se
levantaron pueblos enteros, se propagó trabajo digno, se edificaron clubes de
barrio, se construyeron escuelas y viviendas y se proyectó una política
energética latinoamericana.
Esta medida se
inscribe en la profunda tradición nacional, popular y latinoamericana, presente
en todos los movimientos nacionales del siglo XX y que tuvo como exponentes a
Yrigoyen, Mosconi y Perón, quienes supieron observar e inculcar mediante su
acción la estrecha relación entre la cuestión petrolera-energética y la
liberación nacional. Por ello, a pesar de la guerra cultural llevada adelante
para desterrar estas ideas en nuestro pueblo, el sentir popular y la llamada
“opinión pública” se vuelca mayoritariamente a favor de la nacionalización.
La nacionalización
Como afirmábamos
en el Análisis
de Coyuntura anterior, el proyecto de desarrollo de la industria
nacional encontraba un límite: la cuestión energética. YPF, en mano de los
capitales financieros, se apropió de ganancias extraordinarias con el mínimo de
inversiones, lo cual llevó a que la producción decaiga y por lo tanto hubo que
utilizar las reservas exploradas por el Estado. Como consecuencia de la baja en
la producción y del crecimiento industrial sostenido desde el 2003, el año
pasado se tuvo que importar combustible por 9000 millones de dólares y la
escasez igual se sentía.
De hecho, el Gobierno
se encontraba ante una situación límite: de seguir permitiendo la política de
vaciamiento y rapiña a la principal empresa energética del país, no le quedaba
otro camino que ajustar y endeudarse más para sostener la importación de
combustible, con un enfriamiento económico obligado.
Luego de la
expropiación, la nueva composición accionaria de la compañía queda establecida
del siguiente modo: 51% del Estado Nacional y Provincias petroleras, 25,46% del
Grupo Petersen (los Eskenazi), 6,43% para Repsol y 17,09% en la bolsa. Del 51%
estatal, el Estado nacional tendrá el 26,01% del
total y las provincias productoras, el 24,99%.
El primer
artículo de la ley enviada al Congreso declara de interés público no sólo el
autoabastecimiento de hidrocarburos sino también su explotación,
industrialización, transporte y comercialización. Esto significa que se crea un
instrumento legal para poder accionar en pos de dicho objetivo estratégico, lo
cual implica un cambio estructural en la política energética nacional. Tardío
pero igualmente fundamental.
Por otro lado, el
Grupo Petersen (Eskenazi), que ingresó en YPF en 2008 a través de la mediación
del Gobierno nacional, no pierde sus acciones en la compañía, manteniendo el
25% de participación, aunque si fueron desplazados de la gestión. Asumieron
como interventores Julio De Vido (ministro de Planificación) y Axel Kicillof
(viceministro de Economía). En este sentido, se continua la línea de un modelo empresario
mixto en áreas estratégicas junto a los grupos económicos locales (como sucede
en numerosas empresas energéticas) con el objetivo de fortalecer al
empresariado local en vinculación directa con lo público-estatal. Este paso
ahora dado por el Gobierno en YPF es también consecuencia del fracaso de esa
especie de “argentinización” a la que se apostó haciendo ingresar a la familia
Eskenazi en la compañía, lo cual demuestra que los grupos económicos locales no
poseen ninguna capacidad para desarrollar las fuerzas productivas en un
proyecto de soberanía con justicia social.
Los descubrimientos de gas y petróleo no convencional que potencialmente
pueden convertir a la Argentina en la tercera reserva de gas de este tipo a
nivel mundial, es otra cuestión de importancia central. Repsol hacía de la
explotación de dichos yacimientos un tremendo negocio privado con escasas
implicancias para el país en términos de desarrollo y bienestar.
Cuando YPF era
estatal realizaba 86 pozos por año en busca de reservas, en la década del ’90
descendió a 48 pozos y en la actualidad se llegó a un piso de 12. Es decir,
depredaron las reservas conquistadas por el Estado argentino con recursos de
los argentinos. La nacionalización implica nuevamente poner en marcha un
costoso proceso de inversión que va a salir fundamentalmente de los bolsillos
de los trabajadores argentinos. Por lo tanto, los trabajadores deben ser parte
central de la empresa para controlar qué se hace con nuestros recursos y
nuestro dinero, y para decidir sobre los destinos de la compañía. Más si
consideramos el profundo conocimiento de la compañía y la cuestión petrolera
que los trabajadores petroleros han adquirido durante tantos años.
El precio
y el financiamiento
Según
el presidente de Repsol, Antonio Brufau, YPF vale 18.000 millones de dólares. Con este
número total, la participación de Repsol del 57,4% en YPF tendría un valor de
u$s 10.500 millones y el 51% representaría u$s 9.180 millones. Sin embargo,
esto es parte de la pelea, en la que del otro lado se parte de una cifra un
poco superior a los 2000 millones de dólares.
Las
posibles fuentes de financiamiento para comprar la parte accionaria aún no están
definidas. La ANSES no podría ya que el estatuto del Fondo de Garantía y
Sustentabilidad no permite adquirir valores sin cotización pública, como lo son
las acciones a comprar mediante la expropiación. La fuente posible son las
reservas del Banco Central, ya que con el cambio de la Carta Orgánica se cuenta
con cerca de unos 7.000 millones de dólares de libre disponibilidad. Como el
Banco Central no puede comprar acciones, podría comprarle un bono al Tesoro (le
presta la plata) y financiar por este medio la expropiación, sin necesidad de
endeudarse en el exterior.
En los últimos 5 años YPF tuvo
utilidades por casi 5000 millones de dólares, lo cual demuestra que no sería un
problema para el Estado ese desembolso, sino una inversión muy rentable y por
sobre todas las cosas una medida que reafirmaría nuestra soberanía política
como en su momento lo hizo la decisión política del ex presidente Néstor
Kirchner de pagarle al FMI. Justamente por eso el desafío mayor pasa por las
inversiones necesarias para recuperar las reservas y la producción y poner esto
en función de una política económica que sea garantía de una mayor justicia social.
Amplio consenso
El apoyo a la medida
fue contundente. Comparable quizás a lo que generó la reestatización del
Sistema Previsional, en donde hasta a los propios empresarios de las entidades
financieras les costó articular un discurso en defensa de las AFJP con las que se
robaban la plata de los trabajadores argentinos. Ninguno de los grandes
empresarios, (ni siquiera los grupos económicos locales que apoyan el “modelo”),
se pronunciaron definidamente. Se posicionaron a favor de la medida ADIMRA
(cámara de medianos metalúrgicos presidida por Lascurain, ex titular de la
Unión Industrial Argentina), CAME (pequeños y medianos empresarios, de visión
desarrollista, presidida por Osvaldo Cornide) y otras cámaras de pequeños y
medianos empresarios.
Por otro lado,
desde el Movimiento Obrero Organizado, la CGT conducida por Hugo Moyano realizó
un fuerte apoyo a la medida, afirmando a través de un comunicado que “los
trabajadores hacemos nuestra la decisión” y señalando la pelea contra la ola
privatizadora que dio esa fracción de la CGT nucleada en los ’90 en el MTA, a
diferencia de otras expresiones obreras ahora oficialistas fuertemente
alineadas con las medidas neoliberales. Con esos antecedentes es que también el
comunicado advirtió la necesidad de estar atento a la administración de una
empresa que estará indisociablemente unida al bienestar de nuestro pueblo. En
la misma sintonía desde la Juventud Sindical nos pronunciamos asegurando que “acompañamos
esta iniciativa y expresamos con humildad el anhelo de protagonismo de los
trabajadores en la futura gestión de la compañía estatal”. También otras
organizaciones populares se pronunciaron fuertemente a favor de la medida
largamente reclamada y se la consideró como un paso central. Incluso la mayoría
de los políticos opositores al Gobierno se mostraron de acuerdo con la decisión
de la Presidenta, obteniendo un contundente apoyo en el Senado de la Nación.
Por ello mismo,
la mirada y el control público sobre la petrolera resultan inevitables. Además
de reclamar porque se escuche la voz de los trabajadores en la compañía, es
necesario que se avance concretamente en cuestiones claves: el aumento de la
producción de gas y petróleo (que en estos años se redujo en un 40% y 35%
respectivamente), el aumento de las reservas que hoy son de sólo seis años y
una administración con visión estratégica que no despilfarre los recursos de la
principal empresa del país.
Asimismo,
siempre estarán los agoreros que todo lo ven mal y no tienen la capacidad de
comprender más allá de sus mezquinos intereses lo que esta decisión soberana
significa para el conjunto del pueblo y el desarrollo sustentable con justicia social.
Para ellos la mejor respuesta es que justamente la intervención estatal se hizo
necesaria a partir de la desidia y el descuido con el que los empresarios administraron
YPF.
La Patria Grande Energética
Con
la nacionalización se recupera un eslabón central para el fortalecimiento de
las empresas energéticas estatales de los países hermanos de la Patria Grande,
que fortalece el bloque de poder regional junto con otros elementos centrales
como la constitución del Banco del Sur, la constitución de un mercado interno de
350 millones de habitantes, el establecimiento de un Consejo de Defensa del
Sur, etc. Los acuerdos de inversión de la nueva YPF estatal dan cuenta del
marco de alianzas que se fortalece como esquema de poder: PETROBRAS (Brasil),
PDVSA (Venezuela), BRIDAS (grupo económico local de los hermanos Bulgueroni
asociado con la petrolera China CNOOC), TOTAL (empresa francesa, que no quiere
ver afectados sus importantes negocios locales en gas).
CGT
Profundización del
proyecto o Retorno a los ’90
Paritarias, aumento de precios y distribución de la
riqueza
El año pasado el
aumento del costo de vida según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de siete
provincias que elaboraba el CENDA (del actual viceministro de Economía, Axel
Kicillof), fue de 22,7%. Por otra parte, resulta necesario destacar que el 30%
de los hogares argentinos percibe ingresos por menos de $3000 mensuales, el 34%
de los trabajadores está en negro, la brecha de desigualdad sigue elevada
(aunque disminuyó con respecto a la situación de 2001-2002) y la no
actualización del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y los topes
a las asignaciones familiares golpean cada vez más fuerte el bolsillo de los
trabajadores. Esto, junto a los aumentos de precios y un sistema impositivo
regresivo e injusto (salvo las retenciones a las exportaciones, el impuesto a
los bienes personales, la 1° y 2° categoría del impuesto a la renta, entre
otros), está produciendo un ajuste de hecho de la capacidad adquisitiva de los
laburantes. Obviamente no podemos olvidar y se debe destacar el aumento de los
niveles de empleo y recomposición salarial a partir del 2003, luego del pozo de
desempleo, pobreza, exclusión y desigualdad de 2001-2002.
Cuadro: Hogares según escala de
ingreso total familiar (INDEC)
Total aglomerados urbanos
|
|||||||
Tercer trimestre de 2011
|
|||||||
Grupo
decílico
|
Mínimo
|
Máximo
|
Hogares
en miles
|
%
de hogares
|
Ingresos
en miles de pesos
|
%
de la suma de ingresos
|
Media
|
1
|
25
|
1.500
|
783
|
10
|
794.422
|
1,8
|
1014
|
2
|
1.500
|
2.200
|
783
|
10
|
1.463.653
|
3,2
|
1870
|
3
|
2.200
|
2.996
|
783
|
10
|
2.005.269
|
4,4
|
2560
|
4
|
3.000
|
3.680
|
784
|
10
|
2.566.733
|
5,7
|
3276
|
5
|
3.680
|
4.500
|
782
|
10
|
3.200.491
|
7,1
|
4091
|
6
|
4.500
|
5.500
|
785
|
10
|
3.899.462
|
8,6
|
4970
|
7
|
5.500
|
6.700
|
782
|
10
|
4.747.712
|
10,5
|
6073
|
8
|
6.700
|
8.400
|
783
|
10
|
5.871.177
|
13,0
|
7495
|
9
|
8.400
|
11.580
|
783
|
10
|
7.643.979
|
16,9
|
9763
|
10
|
11.580
|
89.000
|
783
|
10
|
13.070.253
|
28,9
|
16689
|
Hogares
con ingresos
|
25
|
89.000
|
7.831
|
99
|
45.263.149
|
100,0
|
5780
|
Hogares
sin ingresos
|
57
|
1
|
|||||
Total
|
7.888
|
100
|
En este
contexto, el Gobierno nacional decidió crear un comité para hacer un
seguimiento de las paritarias teniendo en cuenta la productividad y no la
rentabilidad presidido por el Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, e
integrado por el Ministerio de Trabajo, el de Economía, el de Industria y el de
Planificación. Esto sumado a la ausencia de un diálogo social entre el capital
y el trabajo que tenga como objetivo el control de los precios y que el Ejecutivo
nacional resolvió por decreto la Paritaria Nacional Docente, son síntomas que demuestran
el intento de ponerle tope a la discusión salarial. Asimismo hay factores
subjetivos, como la deslegitimación discursiva de la lucha gremial como en el
caso de los docentes o los camioneros, que fueron señalados como vagos y como
extorsionadores, respectivamente, que evidencian un condicionamiento de parte
del Gobierno en las Paritarias 2012. No podemos olvidar que es en torno a la
negociación salarial donde se va a dar la batalla por la distribución de la
riqueza, porque es el indicador en donde mejor se traduce el avance de los
sectores populares en la participación del PBI. Recordemos que en relación a éstas
también gira el número en que se acuerda no sólo el Salario Mínimo, Vital y Móvil
en el Consejo del Salario, sino también los sueldos del 34% de trabajadores que
se encuentran en negro. Y aquí vale hacer una salvedad: la pauta salarial no
debe contemplar sólo la inflación, sino también el crecimiento de nuestro país,
si es que pretendemos que la renta que se produce se distribuya en forma
equitativa. Y esto no significa una mayor distribución, sino solamente evitar
una mayor acumulación del capital y era en el fondo el espíritu del Proyecto de
Ley de Participación en las Ganancias que presentó la CGT. Porque también los
trabajadores deben ser participes del crecimiento económico. Hugo Moyano
explica esto de manera sencilla: si después de un crecimiento récord de nuestra
economía esto no se traduce en un acceso masivo a la vivienda de los
asalariados, entonces estaríamos condenando a éstos a no poder satisfacer las
necesidades básicas a las que nos obliga nuestra Carta Magna.
Un breve
repaso de las principales paritarias del país
En enero, el primer acuerdo del
año lo alcanzó la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso
que firmaron un 20%, a lo que se agrega una suma fija no remunerativa de 200
pesos mensuales, que representa una mejora adicional de 4 por ciento, lo que
llevó el sueldo mínimo del sector de $5.000 a $6.200, y beneficia a 15 mil
trabajadores. Los panaderos cerraron el acuerdo en el 23%.
Por su parte, los textiles
conducidos por Jorge Lobais, aliado a Moyano, firmaron por el 27%. Los choferes
del transporte de pasajeros (la UTA), con Roberto Fernández a la cabeza,
arreglaron un porcentaje de aumento del 18%. Por su parte los trabajadores de
subtes y premetro, organizados en la AGTSyP, iniciaron medidas de fuerza,
exigiendo la apertura de paritarias y su propia participación en las mismas.
Reclaman un 28%, pero se encuentran a la espera de que el Gobierno de la Ciudad
acaté el compromiso asumido cuando aumentó la tarifa en un 127%, porque la
empresa actualmente esgrime que sin resolver esta cuestión no puede acceder al
subsidio que el gobierno nacional deposita mensualmente.
La paritaria de los gastronómicos
fue suspendida y debía recomenzar a mediados de marzo. Su titular, Luis
Barrionuevo, dijo que pedirán un piso de 25%. El 35% de 2011 “se lo llevó la
inflación”.
El aumento docente fue decretado
por el Gobierno nacional en torno a un 17%, para establecer un mínimo de $2800,
y en cada provincia las paritarias giraron en torno a mejorar dicho número. Por
ejemplo, en provincia de Buenos Aires, el aumento fue de 20,8%. Los docentes universitarios
también acordaron alrededor de este porcentaje.
La paritaria de la UOM, que
representa a 260 mil afiliados, está trabada y el Ministerio de Trabajo pidió
conciliación obligatoria. El gremio que preside Antonio Caló pidió cifras
cercanas al 23%, pero la patronal puso un piso inicial del 15% aunque luego lo
elevó al 18%. La situación de Caló es complicada, no sólo porque el cierre de
la paritaria marcará el curso de las próximas negociaciones sino también porque
es el candidato del Gobierno, en alianza con el sector menemista de Lescano,
para conducir la CGT.
Otro caso paradigmático es el de
La Bancaria, con el agravante del retraso que lleva la elevación del piso del
Mínimo no Imponible, que el año pasado se había anunciado en un retrasado 20%
para el 1 de abril.
En definitiva, en relación a la
suba de precios y a los impuestos que recaen sobre los asalariados, el panorama
tiende más a un estancamiento o pérdida del poder adquisitivo (según el caso)
que a una mejora, luego de años de recuperación salarial (salvo 2009).
El objetivo de llegar al piso del
50-50, por lo tanto, pareciera que tendrá esperar.
Interna CGT
La articulación
de un frente opositor anti-moyanista en la CGT intenta avanzar, en línea con las
directrices dominantes en el Gobierno y la Unión Industrial Argentina, para
fortalecer el ala desarrollista industrial al interior del movimiento nacional,
en la conducción del proceso de transformación. El nacionalismo industrial
necesita un movimiento obrero disciplinado y subordinado (aunque con cierta
fuerza), para impedir que este encabece un proceso de profundización popular
que vaya de la inclusión a la Justicia Social. Este camino resulta positivo
para los trabajadores con respecto al neoliberalismo que sumió al país en la
desocupación y la miseria, pero relega las demandas de los trabajadores a un
papel secundario. Para ello, debe impedir o bloquear el pasaje de lo gremial a
lo político del movimiento obrero.
No resulta
extraño, en este sentido, que los articuladores de dicha jugada al interior de
la CGT sean los exponentes de la entrega y la traición en los años ’90 (e
incluso desde el golpe neoliberal de 1976), que con la misma lógica priorizaron
la obediencia hacia los grandes grupos económicos, sus intereses personales y
la supuesta “estabilidad institucional”, frente a los intereses de los
trabajadores. Sin ir más lejos, Oscar Lescano (Luz y Fuerza), quien oficia de
operador principal del armado, no sólo que poco y nada hizo para detener la
privatización SEGBA (la cual quedó dividida en siete empresas), sino que
tampoco alzó su voz (que hoy resuena como abanderado del proyecto nacional y
popular) para detener el despido de casi 50.000 trabajadores de Luz y Fuerza.
En su gremio se
realizó una reunión el 17 de abril pasado para aglutinar al posible frente
opositor a Moyano. A su finalización, se firmó un documento de 16 puntos como
posicionamiento e intento de plataforma frente a la interna de la CGT, que
expresa la abdicación del movimiento obrero organizado a los desafíos políticos
y sociales frente a esta nueva etapa del proceso político.
Dicha reunión
intenta ser una demostración de fuerzas anclada en la especulación del
“poroteo”, del que esparcen mentiras mediante operaciones en los medios de
comunicación, porque no pueden argumentar de cara a sus propios afiliados. Sin
embargo, no debe olvidarse que la principal fuerza de los trabajadores se mide
en la calle, en su capacidad de organización y movilización, en su capacidad
por luchar para redistribuir la riqueza y en su claridad de concepción y
coherencia con respecto a un proyecto de Justicia Social. Sin ello, el
trabajador y el conjunto de los sectores populares no tienen condición alguna
para discutir siquiera sus condiciones de vida.
Entre los
dirigentes que asistieron y firmaron el documento se encuentran (foto) Armando
Cavalieri (Comercio), Andrés Rodríguez (UPCN), Carlos West Ocampo (Sanidad),
Oscar Lescano (Luz y Fuerza), Luis Barrionuevo (Gastronómicos), Rodolfo Daer
(Alimentación) y Ricardo Pignanelli (SMATA). Sobresalió la presencia del líder
metalúrgico Antonio Caló (en la foto se lo puede ver sonriente en el centro de
la imagen), quien ya dejó en claro su pretensión de candidatearse al frente de
la CGT, para lo cual ya cuenta con el visto bueno de su propio gremio.
El siguiente movimiento de la jugada era dejar sin quórum la reunión del
Consejo Directivo de la CGT, que se realizó el 24 de abril. Se pensaba como una
estocada central para debilitar a Moyano, que fue acompañada por una fuertísima
operación mediática. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, cada vez queda
más en evidencia que los medios de comunicación, tanto opositores como
oficialistas al Gobierno nacional, hacen todo lo posible para desinformar de
manera intencionada todo lo referido a la CGT y las próximas elecciones, con el
objetivo de debilitar políticamente al movimiento obrero organizado, aunque con
intereses diferentes. En un caso para destruirlo (monopolios opositores) y en
otros para subordinarlo (grupos económicos oficialistas) para asegurarse la conducción
del proceso. Se han esforzado en decir que el actual Secretario General de la
CGT se encuentra debilitado, con su esquema de alianzas cada vez más disminuido
y que el sector de “Los Gordos” viene sumando adhesiones. La realidad, una vez
más, se ha encargado de demostrar que este escenario no es como lo intentan
relatar: en la última reunión del martes 24 de abril de Consejo Directivo para
convocar al Comité Central Confederal se consiguió holgadamente el quórum
necesario para sesionar, desterrando así las operaciones de prensa que
señalaban que Moyano la tenía complicada.
Asimismo, luego de la reunión
convocada por “Los Gordos” en la sede del sindicato de Luz y Fuerza conducido
por el menemista Oscar Lescano, los medios de comunicación exaltaron la
presencia del Secretario General del SUTECBA, Amadeo Genta, un aliado de Hugo
Moyano, para justamente reafirmar esta imagen de debilidad y aislamiento del
actual líder de la CGT. Fue el mismo Amadeo Genta quien frente a esta operación
de prensa se encargó de aclarar los motivos de su presencia y cuál es la
posición de su gremio: “Quiero aclarar que asistí a la reunión de Luz y Fuerza
invitado y porque no tengo compromisos con nadie. Escucho a todos los sectores,
pero nuestro gremio va a apoyar la reelección de Moyano”, aseguró al
diario Ámbito Financiero el martes 24 de abril.
Los últimos movimientos de los
Gordos evidencian su derrota. Que apelen a vaciar el Congreso intentando
deslegitimar la elección y con ello mellar la legitimidad de Hugo Moyano, pone
en evidencia lo cerca que se ven de una derrota. Lo peligroso de esto es
justamente el debilitamiento del Movimiento Obrero Organizado en el actual
contexto en donde los empresarios se ven favorecidos y donde el mundo se
encuentra sumergido en una profunda crisis internacional, producto de la cual
miles de trabajadores de los países centrales pierden día tras día cada vez más
derechos (Gran Bretaña, España, EE.UU, Grecia, etc).
Lucha político-social y lucha político-institucional
Hay un tema
central a discutir al interior del campo nacional y popular, especialmente con
aquellos que ven la política de arriba hacia abajo y por lo tanto terminan
asumiendo posiciones conservadoras en la práctica: la diferencia entre la lucha
político-social y la lucha político-institucional.
Quienes tienen
poca tradición de lucha, tienden a perder de vista la centralidad de las luchas
político-sociales para el desarrollo de la profundización y el fortalecimiento
de un proyecto de liberación nacional. Por el contrario intentan encorsetar,
controlar y apaciguar las luchas gremiales a los parámetros de la gestión y sus
necesidades institucionales. Incluso, boicotean y deslegitiman a los propios
dirigentes gremiales-sociales que vertebran el movimiento nacional y expresan
las demandas de los sectores populares. Pero la evidencia de que la lucha por
una mejor redistribución se da acompañada de la conflictividad gremial, está
definida en la práctica por las actitudes de los empresarios que no dudan en
proyectar despidos, suspensiones y ajustes; que sólo pueden tener un límite con
un sindicalismo representativo junto a los trabajadores. Cuando Pablo Moyano,
secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, dijo en relación al conflicto
de los supermercados EKI (donde peligran 2300 puestos de trabajo) “si salimos a
la calle nos dicen que somos extorsionadores, y si nos quedamos en el sindicato
nos dicen que somos burócratas. Acá lo que nosotros estamos viendo es que hay
2300 familias que se están quedando en la calle”, no hacía más que poner en
evidencia la falta de racionalidad de la lógica empresaria que entiende al
trabajo sólo como una fuente de rentabilidad y no en su rol social.
Siempre desde
las luchas político-sociales -como son las gremiales- se va a intentar avanzar
lo más posible, profundizar todo lo que se pueda. Esto provoca necesarias
tensiones con lo político-institucional. Pero es a su vez lo que mantiene vivo
el movimiento, lo que organiza a las mayorías populares, lo que va dando las
batallas culturales para construir práctica política, conciencia nacional y lo
que va forjando la fuerza popular que es garantía no sólo de profundización
sino de también de sostenimiento, a partir de la práctica política organizada
de los sectores más humildes. Nadie en absoluto puede negarle el protagonismo y
la racionalidad que tuvo la Confederación General del Trabajo liderada por Hugo
Moyano en el proceso abierto el 25 de mayo del 2003. Si se pretende rigidizar y
encorsetar al movimiento nacional y a la clase trabajadora, forzando direcciones
conservadoras que poco tienen que ver con el proyecto nacional y popular, ello
va a producir una crisis inevitable y va a debilitar al movimiento en su
conjunto.
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